20 preguntas Difíciles Constitución española. Oposición Policía Nacional

a) El Rey, como Jefe del Estado.

b) El pueblo español.

c) Las Cortes Generales.

Del pueblo "emanan" los poderes. Imagina una fuente: el agua (poder) nace en el pueblo y fluye hacia las instituciones.

• Art. 1.2: La soberanía reside en el pueblo.
• Art. 66.1: Las Cortes representan al pueblo.
• Art. 56.1: El Rey es el Jefe del Estado y símbolo de su unidad.

a) Es incompatible con todo mandato representativo y con las carreras judicial y fiscal, pero compatible con la actividad profesional privada no relacionada con el derecho público.

b) Es incompatible con todo mandato representativo, cargos políticos o administrativos, funciones directivas en partidos o sindicatos y empleo al servicio de éstos, con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal y con cualquier actividad profesional o mercantil.

c) Es incompatible únicamente con los cargos políticos ejecutivos y la pertenencia a partidos políticos.

a) No, porque el castellano es la lengua española oficial del Estado y todos tienen derecho a usarla.

b) Sí, siempre que así lo apruebe el Tribunal Constitucional.

c) Sí, porque las CCAA pueden decidir libremente sus lenguas oficiales.

Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas CCAA de acuerdo con sus Estatutos (Art. 3.2). Esto implica:

• Oficialidad del Estado: Siempre presente en todo el territorio.
• Cooficialidad Autonómica: Se añade a la anterior en su territorio específico.

• Castellano: Deber de conocerlo + Derecho a usarlo.
• Lenguas Cooficiales: Derecho a usarlas (pero la CE no impone el "deber de conocerlas" a nivel nacional).

a) El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios generales para coordinar las disposiciones normativas de las CCAA cuando lo exija el interés nacional, apreciado por mayoría absoluta del Congreso.

b) El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las CCAA, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general, correspondiendo a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.

c) El Estado podrá dictar leyes de armonización de disposiciones autonómicas cuando así lo exija el interés general, apreciado por mayoría de dos tercios del Congreso, siempre que se trate de materias de competencia estatal.

Para que el Estado pueda invadir competencias autonómicas, necesita un consenso reforzado:

*La necesidad debe ser apreciada por cada Cámara, no basta solo el Congreso.

La ley no entra en detalles técnicos, establece "principios necesarios" para que las normas de las 17 CCAA no choquen entre sí y perjudiquen el interés general.

• 150.1 Ley Marco: El Estado delega potestad legislativa (Leyes ordinarias).
• 150.2 Ley de Transferencia: El Estado transfiere facultades (Ley Orgánica).
• 150.3 Ley de Armonización: El Estado pone orden (Mayoría Absoluta 2 Cámaras).

a) Los Estatutos podrán prever convenios entre Comunidades Autónomas para la gestión de servicios propios que deberán someterse siempre a la aprobación expresa del Congreso de los Diputados.

b) Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales.

c) Los Estatutos podrán prever convenios entre Comunidades Autónomas para la gestión de servicios propios, los cuales solo requerirán autorización previa de las Cortes Generales.

El Art. 145.2 distingue dos grados de control por parte de las Cortes Generales:

Art. 145.1: "En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas".

Este es el muro de contención: las CCAA pueden colaborar, pero nunca unirse en una nueva entidad política federada.

Servicio = Solo aviso (Comunicación).

Acuerdo = Autorización (Las dos empiezan por "A").

a) Solo con el artículo 8, al definir la misión de las Fuerzas Armadas.

b) Exclusivamente con el artículo 3 sobre lenguas.

c) Con el art. 9.2 (mandatos de promoción de libertad e igualdad) y el 9.3 (principios de legalidad, seguridad jurídica, etc.).

El "Estado de Derecho" se garantiza a través de los principios del Art. 9.3. Si no hay seguridad jurídica o legalidad, no hay Estado de Derecho.

Se conecta directamente con el Art. 1.2 (Soberanía Popular) y los artículos dedicados a la participación política (como el 6 sobre partidos y el 7 sobre sindicatos).

"El Art. 1.1 no es solo retórica, es el valor superior del ordenamiento que impregna toda la interpretación de la norma."

*Relaciónalo siempre: 1.1 → 9.2 (Social) y 9.3 (Derecho).

a) El artículo 99.5 impide que el Rey disuelva las Cámaras antes de transcurrido un año desde la investidura fallida.

b) El artículo 99.5 permite la disolución de las Cámaras si en el plazo de seis meses desde la primera votación de investidura ningún candidato obtiene la confianza del Congreso.

c) El artículo 99.5 permite la disolución de las Cámaras si en el plazo de dos meses desde la primera votación de investidura ningún candidato obtiene la confianza del Congreso, constituyendo la única excepción al límite de “no nueva disolución antes de un año” del artículo 115.3.

Por norma general, el Presidente no puede disolver las Cámaras si no ha pasado un año desde la anterior disolución (Art. 115.3). Sin embargo, hay una excepción única:

En este caso especial (99.5), el Decreto de disolución es expedido por el Rey, pero es refrendado por el Presidente del Congreso, no por el Presidente del Gobierno (que estará en funciones).

115 CE (Voluntaria): Decide el Presidente del Gobierno. Plazo: 1 año de espera.

99.5 CE (Automática): Impuesta por la falta de acuerdo. Plazo: 2 meses (Sin espera de 1 año).

a) La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien las sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada.

b) La declaración de inconstitucionalidad obliga a anular todas las sentencias previas que hayan aplicado esa norma.

c) La declaración de inconstitucionalidad de una norma no afecta a la jurisprudencia anterior de los tribunales ordinarios.

Para evitar el caos total, la Constitución protege las decisiones ya firmes. Si un ciudadano ya tiene una sentencia definitiva basada en esa ley "mala", su caso **no se reabre** automáticamente.

Este precepto se completa con el Art. 40.1 de la LOTC. Es vital recordar que la única excepción real a la "cosa juzgada" es cuando la ley anulada reduzca una pena o excluya la responsabilidad criminal.

• Si dice "afecta a la jurisprudencia": VERDADERO.

• Si dice "pierden valor de cosa juzgada": FALSO.

a) Cuando quede menos de un año de legislatura.

b) Cuando el Senado haya rechazado los Presupuestos Generales del Estado.

c) Cuando esté en trámite una moción de censura.

La prohibición empieza en el momento en que la Mesa del Congreso admite a trámite la moción. Si el Presidente se adelanta por unos minutos y firma el decreto antes de esa admisión, la disolución sería válida.

Art. 115.2: Prohíbe al Presidente proponer la disolución (mientras hay censura).

Art. 116.5: Prohíbe que se interrumpa el funcionamiento de las Cámaras (mientras hay estados de alarma/excepción/sitio).

a) Promoción turística prioritaria.

b) Especial respeto y protección.

c) Simple catalogación estadística.

Es vital no olvidar ninguno de los dos términos. Los tribunales suelen poner opciones que solo incluyen uno de ellos:

• Especial respeto: Dimensión pasiva (no atacar, no prohibir).
• Protección: Dimensión activa (fomentar, subvencionar, legislar).

La protección del 3.3 es más amplia que la cooficialidad del 3.2. Alcanza también a dialectos, hablas o variantes lingüísticas que no tienen estatus de "lengua oficial" en un Estatuto pero que forman parte de la riqueza cultural de España.

❌ NO ES: "Especial cuidado y fomento".

❌ NO ES: "Protección y difusión internacional".

✅ ES: "Especial respeto y protección".

a) La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso, a los altos cargos de la Administración del Estado.

b) La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso, a los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción del Presidente del Gobierno.

c) La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso, a los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno.

La Constitución da las pautas, pero la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) es la que termina de definir qué cargos administrativos específicos (Directores Generales, Delegados del Gobierno, etc.) son inelegibles.

• Altos cargos de la Administración: SÍ (si lo dice la ley).

• Miembros del Gobierno: NO (son la excepción).

*En los tests suelen poner "excepto el Presidente" para que falles, pero la CE dice "Miembros del Gobierno" (plural).*

a) Los tratados sólo podrán ser derogados, modificados o suspendidos en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional, lo que limita la eficacia de la ley interna como instrumento de modificación.

b) Cualquier norma reglamentaria puede dejar sin efecto las disposiciones del tratado si se dicta con posterioridad a su publicación.

c) Los tratados pueden derogarse o modificarse unilateralmente por ley interna posterior, siempre que no se opongan abiertamente a sus cláusulas.

Aquí reside el núcleo de la pregunta. Un Tratado tiene **su propia vida jurídica**. Solo puede morir (derogarse) o cambiar (modificarse) por dos vías:

Aunque una ley no pueda modificar un Tratado, el Tratado **no puede ir en contra de la Constitución** (Art. 95). Si hay contradicción, antes de firmar el tratado se debe reformar la Constitución.

Ley Posterior no deroga Tratado Anterior.

El principio "Lex posterior derogat priori" **no funciona** aquí. El tratado "resiste" a la ley posterior.

a) Encaja a la vez en la letra c) (afecta a derechos y deberes fundamentales del Título I) y en la letra e) (supone modificación o derogación de una ley), por lo que requiere igualmente la previa autorización de las Cortes Generales.

b) Solo entra en la categoría de tratados que modifican leyes, sin relevancia en derechos fundamentales.

c) Queda excluido del ámbito del artículo 94.1 por concurrir varias causas y debe tramitarse solo como tratado político.

El Estado no puede obligarse por ciertos tratados sin que las Cortes den su autorización previa. Los cinco casos son:

• a) Carácter político.
• b) Carácter militar.
• c) Derechos Título I.
• d) Obligaciones financieras.
• e) Modificación de Ley.

No hay exclusión por acumulación. Si un tratado cumple una, dos o las cinco condiciones, el resultado es el mismo: **Necesita autorización parlamentaria**. La concurrencia refuerza la necesidad de control, nunca la anula.

La autorización de las Cortes Generales para estos tratados se tramita por el procedimiento del Art. 74.2 (decisión por mayoría de cada Cámara). Si no hay acuerdo, decide una Comisión Mixta.

• Art. 94.1: Requiere AUTORIZACIÓN PREVIA (Mayoría simple).

• Art. 94.2: Solo requiere INFORMAR de inmediato a las Cortes.

*La trampa es decir que los del 94.2 no necesitan nada. Falso: hay que informar.*

a) Los tratados sólo tienen rango reglamentario y pueden ser modificados en todo momento por cualquier ley posterior.

b) Los tratados tienen siempre rango superior a la Constitución, ya que forman parte del Derecho internacional.

c) Los tratados se integran en el ordenamiento interno tras su válida celebración y publicación (96.1), pero su celebración puede estar condicionada a ley orgánica (93) o autorización parlamentaria previa (94), y su contenido no puede contradecir la Constitución sin previa revisión (95).

En España, los tratados tienen una posición Supralegal (están por encima de las leyes) pero Infraconstitucional (están por debajo de la Constitución).

Ningún tratado puede entrar en vigor si contradice la Constitución. Si el Gobierno quiere firmar algo contrario a la CE, tiene dos opciones: o no firma, o reforma primero la Constitución.

1. Constitución (Suprema).

2. Tratados Internacionales (Supralegales).

3. Leyes (Orgánicas y Ordinarias).

a) La suspensión se convierte automáticamente en nulidad definitiva de la norma autonómica.

b) El Tribunal debe ratificar o levantar la suspensión en un plazo no superior a cinco meses; la superación del plazo sin pronunciamiento plantea un problema de coherencia con la exigencia constitucional, que la ley orgánica deberá resolver.

c) La suspensión se entiende automáticamente prorrogada hasta la sentencia, aunque superado el plazo.

La Constitución es tajante: el Tribunal "deberá ratificarla o levantarla" en un plazo no superior a cinco meses. Es un mandato de caducidad para la suspensión automática.

¿Qué pasa si pasan los 5 meses y el TC no dice nada? La Constitución no establece la consecuencia (nulidad o prórroga). Es la LOTC (Art. 65) la que desarrolla que el Tribunal debe oír a las partes y decidir antes de que expire ese plazo.

• Impugnación estatal (161.2): Suspensión automática por 5 meses.

• Recurso de Inconstitucionalidad normal (161.1.a): No suspende la norma (salvo que el TC lo decida expresamente a petición de parte).

a) El Gobierno o cualquiera de las Cámaras pueden requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no contradicción con la Constitución antes de celebrar el tratado.

b) El Tribunal Supremo emite un dictamen previo obligatorio y, sólo en caso de duda residual, se acude al Tribunal Constitucional.

c) Las Cortes Generales deben aprobar primero el tratado, y sólo después el Gobierno puede pedir al Tribunal Constitucional que valore la contradicción.

Es un control PREVIO. Se realiza sobre un "proyecto" o texto ya fijado pero antes de que el Estado preste su consentimiento definitivo.

Si el TC declara que hay contradicción, el Art. 95.1 es imperativo: "exigirá la previa revisión constitucional". Esto significa que España no puede firmar ese tratado a menos que modifique antes su Constitución.

• Tratado de Maastricht (1992): Obligó a reformar el Art. 13.2 para permitir el sufragio pasivo de extranjeros en municipales.

• Constitución Europea (2004): El TC dijo que no había contradicción (aunque finalmente el tratado no prosperó por otros países).

a) El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la representación ordinaria del Estado en las relaciones internacionales y ejerce las funciones que le atribuyen las leyes.

b) El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, dirige el funcionamiento regular de las instituciones y ejerce la representación exclusiva del Estado en las relaciones internacionales.

c) El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.

Cuidado con los calificativos. No es "representación ordinaria" ni "exclusiva":

El Rey no puede inventarse funciones. Solo ejerce las que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Además, sus actos carecen de validez sin el **refrendo** (Art. 64), salvo lo relativo a su casa y familia (Art. 65.2).

❌ NO DICE: "Representación ordinaria" (eso es para diplomáticos).

❌ NO DICE: "Dirige" (dirigir implica mandar).

✅ DICE: "Arbitra y modera" y "Más alta representación".

a) Resulta cuestionable, pues el Consejo de Estado está configurado como supremo órgano consultivo del Gobierno, y su composición y competencia deben regularse por ley orgánica, manteniendo su naturaleza esencialmente consultiva.

b) Es obligatoria, dado que el Consejo de Estado tiene por definición potestad decisoria sobre todos los actos administrativos.

c) Es plenamente conforme, ya que el Consejo de Estado puede asumir cualquier función que le atribuya una ley ordinaria.

El Art. 107 es taxativo: una Ley Orgánica regulará su composición y competencia. Por tanto, una ley ordinaria no puede alterar sus funciones esenciales ni otorgarle poderes que la Constitución no ha previsto para él.

Aunque a veces el Gobierno está obligado a pedir su opinión (dictamen preceptivo), casi nunca está obligado a seguirla (dictamen no vinculante). La excepción confirma la regla: el Consejo de Estado asesora para que el Gobierno decida con mejor criterio.

• Adjetivo: Supremo (órgano consultivo).

• Instrumento: Ley Orgánica.

*Si en el test ves "Ley Ordinaria" o "Poder Judicial", la opción es incorrecta.*

a) El Presidente del Congreso, oído el Gobierno, bajo responsabilidad compartida.

b) El Rey, por iniciativa propia, sin responsabilidad política.

c) El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad.

Es un requisito de validez: debe haber una **"previa deliberación"**. Sin embargo, el Presidente no necesita que sus ministros voten a favor ni que haya un acuerdo unánime. Basta con que el tema se haya tratado en la mesa del Consejo.

Una vez hecha la propuesta, es el Rey quien decreta la disolución. En este caso, el decreto fijará además la fecha de las elecciones. El Rey no puede negarse si se cumplen los requisitos del Art. 115.

• Art. 115 (Disolución): Propone el Presidente + Deliberación Consejo.

• Art. 92 (Referéndum): Propone el Presidente + Autorización del Congreso.

*Nunca digas que el Consejo de Ministros "aprueba" la disolución. Solo delibera.*

a) Es plausible, porque la ley orgánica puede regular el estatuto de los miembros sin límites.

b) Es obligatoria, porque el artículo 165 ordena revisar periódicamente el sistema de mayorías por ley orgánica.

c) No es admisible: la ley orgánica solo puede desarrollar el marco fijado por la Constitución; las mayorías de tres quintos y el reparto de propuestas del artículo 159.1 no son disponibles para el legislador orgánico.

La Constitución no solo dice "qué" es el TC, sino "cómo" se forma. El **Art. 159.1** establece cifras exactas (12 miembros) y mayorías blindadas (3/5). El legislador no puede usar el Art. 165 para "corregir" lo que el poder constituyente decidió en el 159.1.

¿Para qué sirve entonces la Ley Orgánica del TC? Su función es **desarrollar**, no sustituir. Regula:

• Funcionamiento de las Salas y Secciones.
• Estatuto de los Magistrados (incompatibilidades, cese).
• Procedimientos (recurso de amparo, inconstitucionalidad).

Para cambiar la mayoría de 3/5 a mayoría absoluta, por ejemplo, no basta con una ley. Habría que seguir el procedimiento de **reforma constitucional (Art. 167)**. Una ley que intentara esto sería declarada inconstitucional por el propio Tribunal.

• 4 por el Congreso (3/5).

• 4 por el Senado (3/5).

• 2 por el Gobierno.

• 2 por el CGPJ.

*Cualquier intento de cambiar este reparto o mayoría por ley es un fraude constitucional.*